Este año Baja California descendió al lugar 31 de 32 como una de las entidades peor calificadas en ese sentido.
En Baja California existe una estrategia fallida de seguridad por parte de las autoridades locales y federales, donde la mala aplicación del recurso ha provocado que el 98% de la incidencia delictiva quede impune, aseguró Ángel Záizar Prado, presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali.
A lo anterior se suma que sea la segunda entidad peor evaluada en el Índice de Paz en México (IPM), por lo que integrantes de la sociedad civil y víctimas de la inseguridad coinciden en que la estrategia de seguridad implementada en el estado no ha dado los resultados esperados.
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Según el IPM, este año Baja California descendió al lugar 31 de 32 como una de las entidades peor calificadas en ese sentido. Los datos capturados en cuanto a incidencia delictiva de 2023, comparados con el 2015, registraron un incremento significativo en la mayoría de los delitos, como en homicidios, que aumentaron 137.1 por ciento; delincuencia organizada, 267.4 por ciento o delitos perpetrados con armas de fuego, los cuales se elevaron 216.6 por ciento.
Paradójicamente, el IPM reveló que la mayoría de los bajacalifornianos no tienen una percepción de inseguridad alta de su estado, lo que contrasta con las cifras oficiales.
En comparación con el 2022, la incidencia de la mayoría de los delitos descendió, aunque en los casos de agresiones sexuales y delitos graves la tendencia permaneció a la alza en un 48.6 y 30.4 por ciento, respectivamente.
El presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Mexicali señaló que las autoridades estatales no administraron efectivamente el recurso destinado a la seguridad.
Reveló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado (SSCBC) disminuyó a menos de 30 millones de pesos la inversión en prevención del delito para los siete municipios de la entidad.
No obstante, indicó que el 55 por ciento del presupuesto fue destinado al sistema penitenciario, lo que calificó como una mala aplicación del recurso.
Debido a esta mala administración, Záizar Prado reiteró que en Baja California entre el 95 y el 98 por ciento de la incidencia delictiva queda impune.
También cuestionó la estrategia de seguridad empleada por las autoridades federales en la región, ya que aseguró que no existe presencia sustancial de la Guardia Nacional en Baja California.
Pese a que Baja California ocupa el tercer lugar en tasa de homicidios a nivel nacional, el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad confirmó la disminución de esta incidencia. Sin embargo, señaló que aumentaron las cifras de desaparecidos.
En ese sentido, cuestionó que la Fiscalía General del Estado haya anunciado la creación de una fiscalía especializada en desaparecidos, pero aún no revelan datos de la cantidad de personas víctimas de ese delito.
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Inexistente
En cuanto a la estrategía de seguridad del Estado, Gonzalo Moreno, padre del joven desaparecido Kevin Moreno y fundador de la Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada de Baja California, consideró que no existe una, sino que las autoridades se dedican sólo a reaccionar a los hechos violentos en lugar de prevenirlos.
“Todo el poder del estado debe estar enfocado a prevenir que los hechos delictivos no sucedan, no a castigar, pero estamos muy metidos en esa teoría de delito y castigo y no nos centramos en lo primordial que es la prevención”, declaró.
Señaló que desde la desaparición de su hijo en 2022, luego de acudir a su segundo día de trabajo como guardia de seguridad en un bar, han descubierto las condiciones de inseguridad en las que vive la entidad.
Refirió que en 2023 él y su esposa sufrieron un ataque armado tras realizar la prospección de una zona para realizar un operativo de búsqueda, por lo que dijo tener la potestad moral de asegurar que Baja California está en una posición crítica de inseguridad.
“Nos ha quedado claro que la condicionante de pertenecer o no, de estar involucrado o no, en estos hechos delictivos no te exime de ser víctima de la inseguridad. Esto puede pasarle tanto a la familia que vive en la zona dorada de Mexicali, cómo a las que viven en la periferia”, manifestó.
El padre de Kevin aseveró que los integrantes de la delincuencia organizada en el estado se constituyeron cómo entes con altos grados de impunidad.
Pese a todo el contexto de inseguridad, indicó que decidieron adoptar una posición proactiva en la búsqueda de su hijo, motivo por el cual fundaron la Célula de Búsqueda, mediante la cual permanecen realizando operativos en coordinación con autoridades estatales.
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