Se están preparando amparos y demandas en contra de las autoridades capitalinas.
Al menos 350 vecinos de la alcaldía Benito Juárez, afectados por la contaminación del agua del pozo Alfonso XIII, interpondrán recursos legales para exigir indemnizaciones económicas a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y estudios que garanticen la calidad del agua que hoy están recibiendo.
Verónica Athié, doctora en inmunología y directora de la organización Conciencia Ecai, en colaboración con Fractal Abogados, están preparando amparos y demandas en contra de las autoridades capitalinas.
“Hay dos posibilidades, nosotros como ciudadanos tenemos esta instancia que es la demanda de amparo, que es demandar a las autoridades cuando están incumpliendo y violando nuestros derechos. Y tenemos otra instancia, que es una demanda por indemnización al haberse violado el derecho al agua y a la salud”, explicó Athié a El Sol de México.
Athié acusa que el gobierno de la ciudad no está respetando lo establecido por la NOM 127, que habla sobre el agua para uso y consumo humano, además de límites permisibles que determinan su calidad.
“Esto es una afectación que continúa. Lo que nos preocupa es el actuar bastante irresponsable de las autoridades, por ejemplo, el lavado y desinfección de tinacos y cisternas no se hizo de manera adecuada y sin haber presentado una prueba de análisis profundo de la calidad del agua”, reprochó la directora de la organización civil Conciencia Ecai.
Ana Ponce, habitante de un condominio en la colonia del Valle Centro, denunció que desde hace un mes utiliza garrafones de agua y pipas, pues exigió a las autoridades análisis de la potabilidad del agua que están suministrando y no le hicieron caso.
“Como todos, empezamos a detectar olor a insecticida en el agua, nos enfermamos del estomago, y cuando el tema se hizo más público supimos que era porque estaba contaminada. Estuvimos con garrafones que daban en el parque, ahora ya no, y seguimos con pipas” relató Ponce.
Ana contó que el 19 de abril, personas sin equipo se identificaron como trabajadores del gobierno de la ciudad para lavar su cisterna, emplearon jabón en polvo, cloro y nada más.
“Cuando terminaron nos pidieron un vaso que llenaron con el agua de la llave y se lo bebieron enfrente de nosotros. Fue algo extraño. Así nos dijeron que ya era potable, sin ningún estudio o algo”, recordó Ana.
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Ponce consultó con algunos especialistas, y determinaron que el lavado no era el correcto, por lo que el 24 de abril contrató un servicio privado que le costó cuatro mil pesos. Hasta el momento no ha usado el agua de la llave, y compra pipas que también le llegan a costar entre dos mil y cuatro mil pesos, costo que se divide con otros vecinos.
“Como no nos han hecho caso, y tampoco nos han brindado la información que pedimos, sí estoy dispuesta a unirme a la denuncia”, recalcó Ana Ponce.
De acuerdo con Verónica Athié, esta situación se repite con varios vecinos, por lo que desde hace una semana iniciaron con el registro de los interesados en el amparo e indemnización, por medio de un cuestionario en línea. En unas semanas determinarán el proceso legal a seguir por cada vecino que ha decidido denunciar las afectaciones.
“En ambas se estaría presionando para que confirmen con los análisis adecuados, que el agua es realmente potable, que se asegure el suministro de agua, y también una indemnización que es exactamente un pago económico”, precisó Athié.